Los dueños de WhatsApp e Instagram abandonan su programa de verificación, una decisión que busca acercarse al gobierno entrante de Trump y su particular lucha en defensa de la libertad de expresión. Pero hay un interés mucho más material: los beneficios económicos.
La noticia es que Meta, empresa matriz de WhatsApp, Facebook, Instagram y Threads (ahí es nada), ha decidido cerrar el programa de lucha contra los bulos que mantenía con la ayuda de verificadores independientes, decisión que ha cogido por sorpresa a estas entidades, que afirman que habían renovado sus acuerdos recientemente y que ahora terminarán sus relaciones a primeros de marzo. Esta decisión afecta en un primer momento a los verificadores norteamericanos, y desconocemos cuándo se producirá la ruptura de relaciones también con los verificadores europeos.
Mark Zuckerberg afirma en un comunicado en vídeo que quiere volver a sus “raíces en la libertad de expresión” y que el sistema de verificación de la plataforma “ha alcanzado un punto en el que hay demasiados errores y censuras”. Afirma incluso que “los verificadores están políticamente muy sesgados y han destruido más confianza de la que han creado”. Estas declaraciones suponen la culminación de un viraje político que se adapta a los nuevos vientos que soplan: si hace un tiempo veíamos a Zuckerberg pedir disculpas ante el Congreso norteamericano, sus últimas declaraciones y movimientos van mucho más en una línea de no volver a disculparse por nada. Paradójicamente, las afirmaciones del directivo de Meta son desinformadoras: los estudios científicos sobre Facebook e Instagram afirman que el sistema que ahora van a eliminar era útil en la lucha contra la desinformación y mostraba la capacidad real de la plataforma para reducir la viralidad de los bulos (faltaba la firma voluntad de hacerlo, claro). Los verificadores, a los que ahora se acusa de censores, en realidad sólo informaban a Meta de sus pesquisas, y era la plataforma la que decidía qué acciones tomar. Con su decisión, Meta deja de financiar los programas existentes con entidades de verificación, que dependen de este tipo de fuentes de ingresos para funcionar: el ecosistema de verificadores se verá mermado.
Adoptando el discurso trumpista, Meta afirma ahora que busca promover la cacareada libertad de expresión, pero no es cierto: la libertad de expresión no es poder decir lo que queramos sin ningún tipo de límites, sino poder decir lo que queramos dentro de unos límites aceptables, que no supongan un daño a la dignidad o el honor de otra persona o colectivo. Detectar y eliminar una publicación en una red social que supone un discurso de odio, insultante o denigrante no es censurar, es mostrar los límites de la libertad de expresión, como dice la máxima: tu libertad acaba donde empieza la mía. La decisión de Meta supone también una mayor desprotección para colectivos vulnerables a este tipo de mensajes de odio y desinformación como el colectivo LGTBIQ+.
Para sustituir el sistema actual, Meta propone copiar el sistema de «notas de la comunidad» que desplegó X en 2022 al poco de llegar Elon Musk. Este polémico sistema, que se basa en la inteligencia colectiva, esto es, que los propios usuarios sean los que verifiquen y etiqueten la información sospechosa, no termina de funcionar. Es verdad que añaden contexto, muy necesario en algunos casos y útil cuando hablamos de temas científicos o culturales, por ejemplo, pero también estamos viendo que no funcionan nada bien en temas muy polarizados como los políticos, y que acaban convirtiéndose en un “campo de batalla” ideológico. Es un sistema sin una metodología clara, dependiente de los propios usuarios, que no poseen ni una neutralidad ni una distancia periodísticas, a diferencia de los verificadores independientes.
En el fondo, lo que busca el movimiento de Zuckerberg es acercarse a la administración Trump, siguiendo la estela de su colega Elon Musk. La entrada en el consejo directivo de Meta de personas como Joel Kaplan, cercano al Partido Republicano, o Dana White, directivo de la UFC y amigo de Trump, va también en la línea de fortalecer esos lazos con la administración entrante de EE.UU. y arrimarse al sol que más calienta.
Y, en última instancia, Meta es una empresa que busca maximizar beneficios, y esta decisión va acorde con ese objetivo: la desinformación hace ganar dinero a las plataformas de redes sociales. El modelo de negocio de estas plataformas sociales se basa en la capacidad para mantener la atención del usuario y hacer que éste permanezca en ellas el mayor tiempo posible, para poder ofrecerle la mayor cantidad posible de anuncios y contenidos promocionales, medidos en clics. Y la desinformación es el vehículo perfecto para ellos, puesto que genera emociones encontradas, viralidad e interacción entre usuarios. Este (en mi opinión, equivocada) decisión tiene, por tanto, un interés político y económico, pero un claro impacto social: va a inflamar aún más el debate público al eliminar una herramienta de verificación que resulta necesaria en plataformas que usan millones de personas en todo el mundo.
Esto también me reafirma aún más en la que creo que puede ser una de las soluciones a este problema de las redes sociales y la desinformación: hay que eliminar el anonimato de las cuentas de redes sociales, en cualquier plataforma. Los usuarios han de publicar con nombre y apellidos, no escondidos bajo una cuenta con seudónimo para insultar y amedrentar al resto de usuarios a sus anchas. Y, a continuación, exigir que la desinformación tenga consecuencias graves, que las personas detrás de sus cuentas públicas, tengan que responsabilizarse de sus actos y palabras, como en la vida analógica. Si el anonimato desapareciera y este tipo de responsabilidad estuviera sancionada legalmente, la reciente campaña orquestada de sospechas infundadas sobre el parking de Bonaire, por ejemplo, probablemente no hubiera ocurrido.
Javi Cantón 