Una reflexión divulgativa sobre adolescencia, desarrollo, presión social y diseño de plataformas digitales
Hace unos años, cuando mi hijo tenía unos 9 años y se avecinaban las Primeras Comuniones, una madre preguntó en un cumpleaños escolar al grupo de padres que estábamos allí qué opinábamos sobre cómo ponernos de acuerdo para no darles un móvil hasta los 14, como mínimo. Y había bastante consenso en no dárselo, parecía haber bastante conciencia del problema que suponía… pero al final, con el tiempo, acabaron comprando el móvil bastante pronto a sus hijos, hasta el punto de que, apenas unos años después, prácticamente todos los menores, entrando al instituto, tenían móvil propio. La gran excusa de los tutores era que «necesitaban estar en contacto» con ellos. ¿La verdad? A pesar de ello, les daban smartphone con barra libre de internet y acceso ilimitado a redes sociales. En el mejor de los casos, con alguna restricción horaria e instalación de controles parentales (que hoy sabemos fácilmente evitables), pero poco más.
Paulatinamente, desde que apareció el movimiento Adolescencia Libre de Móviles a partir del activismo de un grupo de padres de Cataluña, la presión social sobre aquellos que no queríamos ni veíamos tan necesario darle un móvil a nuestro hijo empezó a equilibrarse y el debate social surgió. Como respuesta a dicho movimiento y una creciente demanda social, las administraciones empezaron a hacerse eco, endureciendo las restricciones en el uso de los móviles en las aulas. Las recientes declaraciones de Pedro Sánchez afirmando que en España se prohibiría el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años ha levantado una polvareda de acusaciones (injustificadas) de censura y preocupaciones por la seguridad de los datos necesarios para autentificar la edad de los usuarios. Por lo pronto, ni siquiera es una prohibición, sino una restricción (como ocurre con otros temas como el alcohol, el tabaco o el juego). Por otro, vista que la autorregulación por parte de los progenitores no ha funcionado y los problemas de salud mental y ciberacoso van en aumento, una medida así es, aunque populista, necesaria. Aún así, creo que las auténticas medidas políticas deberían apuntar a las empresas tecnológicas responsables de estas plataformas, que han diseñado sus productos a sabiendas de los efectos dañinos sobre la población adolescente.
Más allá de mis opiniones personales y profesionales, me gustaría aprovechar para sumar a este debate esta adaptación divulgativa al español (no es una traducción literal, por razones de copyright) de este artículo original de Jon Haidt y Ravi Iyer (si quieres leer el original en inglés, sigue el enlace). Espero que sirva para aclarar ideas dentro de este debate necesario:
Durante años, el debate sobre las redes sociales y los adolescentes ha dado vueltas sobre las mismas preguntas: si son buenas o malas, si todo depende del uso que se haga de ellas, si el problema es el tiempo de pantalla o si lo que falta es educación digital. Mientras tanto, en la vida cotidiana de muchas familias y centros educativos, la cuestión es bastante más concreta y agotadora: cuándo dar ese primer móvil, cuándo permitir Instagram, TikTok o Snapchat, y cómo sostener un “no” que casi siempre parece condenado a caer.
En este contexto, la decisión de Australia de fijar los 16 años como edad mínima para crear y mantener cuentas en redes sociales ha supuesto un cambio de enfoque relevante. No porque resuelva todos los problemas asociados al uso adolescente de la tecnología, sino porque introduce algo que llevaba tiempo ausente en este debate: una norma social clara, compartida y respaldada por ley.
La pregunta ya no es si las redes sociales son intrínsecamente buenas o malas. La pregunta es cuándo tiene sentido entrar en ellas.
La adolescencia no es una etapa uniforme
Uno de los errores más habituales al hablar de adolescentes es tratarlos como un bloque homogéneo. Sin embargo, desde el punto de vista del desarrollo, hay diferencias importantes entre los 12, los 13, los 14, los 15 y los 16 años. No solo en términos físicos, sino también cognitivos, emocionales y sociales.
La pubertad es un periodo especialmente sensible. El cerebro está reorganizando circuitos relacionados con la recompensa, la comparación social, la búsqueda de identidad y la regulación emocional. En ese contexto, la exposición continua a entornos diseñados para maximizar la atención, provocar respuestas emocionales intensas y fomentar la comparación constante no es neutra.
No se trata de demonizar la tecnología ni de afirmar que una red social “estropea” el cerebro. Se trata de reconocer que ciertos entornos digitales interactúan de forma directa con procesos de desarrollo muy concretos. Introducirlos en el momento de máxima vulnerabilidad puede amplificar efectos que, en etapas posteriores, serían más manejables.
Desde esta perspectiva, retrasar el acceso un año no es un detalle menor. Un curso escolar completo menos de exposición durante el pico de sensibilidad del desarrollo puede tener efectos acumulativos. Por eso, el umbral de los 16 años no es arbitrario: funciona como una frontera razonable entre la pubertad y una adolescencia más avanzada, con mayores capacidades de autorregulación.
El problema de las excepciones “razonables”
Muchas propuestas que intentan regular el acceso de menores a redes sociales incluyen una cláusula aparentemente tranquilizadora: permitir el acceso antes de la edad mínima si existe consentimiento parental. Sobre el papel, suena lógico. En la práctica, suele vaciar la norma de contenido.
Cuando algunos padres permiten el acceso y otros no, se genera una presión social inmediata. El argumento se repite en miles de hogares: “todos mis amigos están”, “soy el único que no puede”, “me quedo fuera”. La decisión deja de ser individual y pasa a estar condicionada por el grupo.
Esto genera una auténtica trampa de acción colectiva. Aunque muchas familias preferirían retrasar el acceso, acaban cediendo para evitar que sus hijos queden aislados socialmente. El resultado es que la norma existe, pero no se cumple de forma efectiva.
Las reglas sin excepciones funcionan mejor porque liberan a las familias de negociar caso a caso
Las reglas sin excepciones, paradójicamente, suelen ser más fáciles de sostener. No porque sean más duras, sino porque liberan a las familias de negociar caso a caso. Cuando la respuesta es “no se puede hasta los 16”, la presión no recae únicamente sobre los padres, sino que se diluye en una expectativa social compartida.
No se trata de censura, sino de cuentas y diseño
Otro malentendido frecuente es pensar que este tipo de políticas buscan controlar los contenidos que ven los menores. En realidad, el núcleo del debate no está en lo que se consume, sino en tener o no una cuenta personal.
Crear una cuenta en una red social implica aceptar condiciones legales, ceder datos personales, entrar en sistemas de personalización algorítmica, recibir notificaciones constantes y exponerse a dinámicas de comparación social continua. También implica habilitar mensajería directa y contacto con desconocidos. Nada de esto es trivial, especialmente en edades tempranas.
Permitir el acceso a contenidos públicos sin cuenta, pero retrasar la creación de perfiles personales, es una forma de equilibrar el derecho a la información con la protección del desarrollo. Además, evita debates complejos y resbaladizos sobre censura de contenidos y libertad de expresión.
El foco, por tanto, no está en “prohibir ver cosas”, sino en retrasar la entrada en un ecosistema diseñado para captar atención y datos.
Definir las redes sociales por cómo funcionan, no por su nombre
El ecosistema digital cambia con rapidez. Las plataformas evolucionan, se reinventan o se presentan como algo distinto de lo que realmente son. Por eso, una regulación eficaz no debería basarse en listas cerradas de aplicaciones concretas, sino en características de diseño.
Entre estas características se incluyen los algoritmos de recomendación personalizados, los sistemas de recompensa social (likes, seguidores, visualizaciones), la mensajería directa con desconocidos y los mecanismos orientados a maximizar el tiempo de uso. Definir las redes sociales por estos rasgos permite que la regulación siga siendo pertinente aunque cambien los nombres o formatos.
Además, este enfoque introduce un incentivo interesante: si una plataforma quiere evitar ciertas obligaciones regulatorias, puede optar por diseñar productos menos agresivos desde el punto de vista de la captación de atención.
Más que una ley, una norma cultural compartida
Quizá el argumento más importante a favor de fijar los 16 años como edad mínima no sea ni psicológico ni tecnológico, sino cultural. Establecer una edad clara crea una referencia compartida. Un “todavía no” respaldado por la ley, por la escuela y por el entorno social.
No elimina todos los conflictos, pero cambia el marco. La conversación deja de ser una batalla individual en cada familia y pasa a apoyarse en una expectativa colectiva. Eso, en sí mismo, ya supone un alivio para muchas personas adultas y una señal clara para los adolescentes.
Las redes sociales no van a desaparecer, ni deberían hacerlo. Pero retrasar su uso pleno hasta que exista una mayor madurez emocional y cognitiva puede ser una de las pocas decisiones simples con efectos estructurales a medio plazo.
Javi Cantón 